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Guatemala debe garantizar un sistema de justicia independiente en la lucha contra la corrupción, dicen expertos en derechos humanos de la ONU

Comunicado de prensa. GINEBRA (11 de febrero de 2019) - La protección de los derechos humanos en Guatemala y un poder judicial independiente deben ser puestos en el centro de los esfuerzos del Estado para combatir la impunidad y la corrupción, dice un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas *.

“Ha habido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales. Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia ", dijeron los expertos.

Su preocupación se debe a la decisión del Gobierno de Guatemala de poner fin unilateralmente a un acuerdo con la ONU, que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El 9 de enero de 2019, la Corte de Constitucionalidad resolvió un amparo que suspendió la decisión del Gobierno de retirarse del acuerdo con la ONU sobre la Comisión, pero las acciones para poner fin a la labor de la CICIG continuaron. Asimismo, las declaraciones del Gobierno de que no acataría las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad contribuyen al debilitamiento del estado de derecho en el país.

 

 

“Esta situación habría provocado una intensificación de la intimidación y amenazas contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. También se reporta un patrón similar de intimidación contra aquellos actores judiciales que, debido a la naturaleza de su trabajo, han cooperado estrechamente con la CICIG en la investigación y persecución penal de casos emblemáticos de corrupción.”

"Abordar estos temas es de suma importancia para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente porque la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas en su mayoría", agregaron los expertos.

“Los procedimientos de revisión constitucional son vitales para garantizar la protección de los derechos humanos y el estado de derecho. Es esencial garantizar un poder judicial independiente y respetar su independencia, así como garantizar un sistema imparcial. Estos también son clave para consolidar los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad", enfatizaron los expertos.

La CICIG también ha brindado asistencia técnica al Ministerio Público y otras instituciones, y el trabajo ya realizado tanto por actores nacionales como por la CICIG no debe ponerse en peligro, enfatizaron los Expertos Independientes.

"Nos preocupa específicamente la situación de los operadores de justicia, en particular jueces y fiscales que han colaborado con la CICIG y están trabajando actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder. Es imperativo que los jueces y fiscales cuenten con una protección efectiva para que puedan ejercer sus funciones.

También nos preocupa la situación del personal nacional de la CICIG, de los agentes de policía asignados para apoyar las funciones de la CICIG, así como de las víctimas, testigos y otros actores involucrados en el trabajo y los procesos relacionados con la lucha contra la impunidad y la corrupción”, agregaron.

"Las investigaciones y enjuiciamientos de estos casos de alto nivel deben continuar e instamos a las autoridades guatemaltecas a garantizar el buen funcionamiento de las instituciones involucradas para que puedan resolver los casos sin ninguna interferencia, amenaza o intimidación".

Los expertos añadieron: “La corrupción y los flujos financieros ilícitos drenan cantidades considerables de los fondos públicos. Este gasto afecta directamente la capacidad del Estado para garantizar la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales para todos los guatemaltecos".

Los expertos de la ONU ya han estado en contacto con el Gobierno de Guatemala para expresar sus preocupaciones.

FIN

Los expertos de la ONU: El Sr. Juan Pablo Boholsavsky, Experto Independiente sobre deuda externa y derechos humanos, y el Sr. Diego García-Sayán Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados 

Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’ del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

 

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