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CIDH y OACNUDH expresan preocupación por situación de personas defensoras de derechos humanos
Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Santiago de Chile/ Tegucigalpa / Washington, D.C. (30 de mayo de 2019) – En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para contribuir a la protección de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) expresan su preocupación por la continuidad de actos de violencia e intimidación que han enfrentado quienes defienden los derechos humanos en las Américas en los primeros cuatro meses del año.
El derecho a la información, pilar de la democracia
El acceso a información pública para todas y todos, en diferentes formatos e idiomas indígenas, fortalece la capacidad de las personas para ejercer su derecho a participar en los procesos democráticos.
Todas las personas tienen una serie de derechos que se conocen como “libertades”. La libertad de expresión constituye un derecho esencial en el contexto electoral, y comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.
Para hacer efectivo este derecho, el Estado debe garantizar el acceso a información sin barreras, en idiomas indígenas, en forma oral o escrita, accesible para personas con discapacidad, en forma artística o cualquier otro medio que sea más adecuado para cada persona.
PDH y Oacnudh Guatemala publican informe sobre situación de personas defensoras de derechos humanos
Declaración de la portavoz ** de la Alta Comisionada Michelle Bachelet - Ginebra, Suiza, 21 de mayo de 2019
Un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU destaca la gran cantidad de ataques contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, incluidos 39 asesinatos entre 2017 a 2018. Durante ese período se registraron 884 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan no solo ataques físicos, sino también amenazas, intimidación, vigilancia, estigmatización y violencia de género y sexual. Un patrón preocupante es el uso indebido del derecho penal para silenciarles, lo que afecta especialmente a las personas defensoras del derecho a la tierra, territorios y recursos naturales.
