Tras una visita de cinco días a Guatemala, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, propuso varias iniciativas, entre ellas la creación de un ministerio de Justicia que tome a su cargo las funciones clásicas para definir políticas públicas en la materia.

Despouy, que habló a los medios de comunicación al cierre de su visita, también propuso la creación de un sistema coherente de protección de operadores de justicia, testigos, víctimas y defensores de derechos humanos. “Esta función debe cumplirse de manera unificada”, aseveró.

Consideró necesario el establecimiento de un sistema que permita a la Corte Suprema de Justicia cumplir con sus tareas de impartir justicia, así como otras inherentes a su condición de cabeza del poder judicial y en particular aquellas vinculadas a garantizar su independencia.

Otro de los factores que mencionó el experto es la elección por cinco años de los jueces, “que debilita el poder judicial e impide una adecuada profesionalización”, por lo que recomendó el establecimiento de mecanismos legales que rompan con la provisionalidad que implica la elección. Asimismo, recalcó en la importancia de instaurar una verdadera carrera judicial.

“En la investigación criminal hay factores que inciden más allá de los esfuerzos que pueda realizar el Ministerio Público, hay deficiencias”, afirmó el Relator, que además dijo que la Policía Nacional Civil no cuenta con los mecanismos técnicos y científicos para llevar a cabo una investigación adecuada. Es por ello que propuso fortalecer los mecanismos de investigación criminal en ambas instituciones.

El experto de nacionalidad argentina mostró su preocupación ya que el Congreso aún no ha aprobado leyes indispensables, tanto para la administración de justicia, como para la seguridad en general. Específicamente se refirió a la ley de armas y municiones, la ley de reforma del amparo y la sanción de una ley que reglamente la aplicación de los estados de excepción.

Para el Relator hay asignaturas pendientes, sobre todo debido a la naturaleza pluricultural y multiétnica del país. En ese sentido, comprobó que “existen obstáculos”, especialmente para los sectores más pobres y las poblaciones indígenas, por ello consideró necesario adoptar medidas para facilitar la implementación de un verdadero pluralismo jurídico que permita la integración del derecho consuetudinario indígena conforme a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y la plena aplicación del Convenio 169 de la OIT.

En relación a la próxima elección de nuevos magistrados expresó que se debe dar seguimiento al proceso, no sólo desde el punto de vista reglamentario sino a cómo se crean mecanismos para garantizar ese resultado tan importante, cuyo desarrollo debería poder ser observado por la ciudadanía

Teniendo en cuenta las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, el Relator recomendó la ratificación del Estatuto de Roma y de la Convención Internacional para la Protección de todas Personas contra las Desapariciones Forzadas.

“Es importante entender que la independencia de la justicia es una cuestión clave para que los Estados democráticos funcionen, en interés propio, interés de la ciudadanía y del funcionamiento de la democracia, de los magistrados y de todas las áreas del gobierno”, señaló.

Documentos relacionados:
- Comunicado de prensa con las conclusiones preliminares del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

Actualización: 2 de febrero de 2009