Tras una visita de tres días a Guatemala, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, consideró que la protección jurídica del derecho a la alimentación sigue siendo insuficiente a pesar de que se cuenta con herramientas para hacerlo.

En conferencia de prensa, el experto indicó que pese a que se tiene la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ni la Corte de Constitucionalidad, ni los tribunales han hecho nada para proteger el derecho a la alimentación contra violaciones.

El experto consideró que empoderar a los tribunales para que vigilen la rendición de cuentas por parte de las autoridades en cuanto al derecho de la alimentación, puede ser una herramienta eficaz para combatir los riesgos de corrupción al poner en práctica programas que luchen contra el hambre y la pobreza.

De Schutter, mostró su preocupación debido a las desigualdades que imperan en Guatemala y la inaceptable cantidad de personas que viven en la pobreza.

El relator indicó que el 50.9% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el 15.2% vive en la extrema pobreza, lo cual se traduce en altos niveles de mala nutrición, la cual afecta a un 16% de la población guatemalteca.

Ante este panorama el experto recomendó que el gasto social se aumente de manera significativa para que el Estado pueda promover el desarrollo rural y los servicios agrícolas.

En cuanto a los programas que coordina el Consejo de Cohesión social, De Schutter indicó que el más importante es Mi Familia Progresa, pero en su opinión dijo que podría ser objeto de mejoras si se integrara los principios de derechos humanos.

Además, indicó que espera que con el paso del tiempo se institucionalicen estos programas y se codifiquen como parte del ordenamiento jurídico nacional, con miras a mejorar su sostenibilidad y su transparencia y que pasen a formar parte de las responsabilidades de un ministerio de Desarrollo Social.

El relator consideró que es alentador el acuerdo al que se llegó en mayo de 2009 sobre la Política de Desarrollo Rural Integral, la cual espera se convierta en parte del ordenamiento jurídico nacional.

En cuanto a la protección de los derechos laborales en las zonas rurales, el relator expresó su preocupación ya que la Inspectoría Laboral no cuenta con la capacidad para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral actual.



Conclusiones preliminares del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación

Actualización: 05 de septiembre de 2009