La Alta Comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en Ginebra, el informe sobre las actividades de la Oficina en Guatemala.

En Guatemala, el informe fue hecho público por el Representante ad interim de OACNUDH, Juan Carlos Monge, quien indicó que el documento enumera las actividades de la Oficina, pero también contiene un análisis de la situación de derechos humanos en Guatemala, así como 16 recomendaciones formuladas al Estado como una contribución de la Oficina.

El señor Monge dio a conocer que en el informe se abordan cuatro prioridades temáticas establecidas a nivel regional y que forman parte de las siete prioridades establecidas por la Alta Comisionada a nivel mundial. Estos temas son: la inseguridad, la situación del Estado de derecho, los derechos económicos, sociales y culturales y el combate a la pobreza, así como el racismo y la discriminación.

En su exposición el funcionario indicó que la Alta Comisionada reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno durante 2009 para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos, entre ellas la implementación de la gratuidad en el nivel básico de educación, además valora la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, las cuales incorporan principios y estándares internacionales de derechos humanos.

Entre los desafíos para el país el Representante indicó que existen deficiencias estructurales endémicas como la debilidad generalizada de las instituciones públicas, presupuestos y recursos insuficientes, así como la prevalencia del interés individual sobre el interés público. “Para responder a estos desafíos, las autoridades deben interiorizar su función pública como garantes de los derechos humanos”, agregó.

Agregó que durante 2009 la inseguridad ciudadana se manifestó en el aumento de muertes violentas, que de acuerdo a cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) ascendieron a 6,498, de las cuales el 83 se produjo con arma de fuego. De estas muertes 720 fueron mujeres y 510 de niños.

Las instituciones del Estado continúan siendo frágiles y no logran asumir el rol que les corresponde en la prevención y persecución de la violencia. La PNC aún no es capaz de ofrecer una respuesta institucional que corresponda a los retos significativos que se derivan de la alarmante situación de inseguridad, aseveró.

El señor Monge se refirió a los 119 casos de linchamiento registrados el año pasado, así como a los 346 ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos.

En el tema de Estado de derecho e impunidad dijo que las acciones tomadas siguen sin corresponder a las necesidades. Entre las recomendaciones de la Alta Comisionada mencionó el llamamiento a la nueva Corte Suprema de Justicia para que desarrolle líneas de acción para el acceso a la justicia con base a principios de no discriminación, transparencia, celeridad procesal, independencia e imparcialidad, con pertinencia cultural.

La Alta Comisionada, prosiguió Monge, mira positivo el incremento de gasto social que ha promovido el gobierno. “La Alta Comisionada señala que es esencial que estos programas incorporen de manera transversal los principios de derechos humanos, en particular los relativos a publicidad, transparencia y rendición de cuentas”, dijo.

En cuanto al tema de discriminación afirmó que preocupa el bajo número de denuncias y condenas. Agregó que de las 412 denuncias presentadas por discriminación hasta finales del año pasado solamente en cuatro de esos casos se produjeron sentencias.

Otro tema fue la persistencia de los conflictos sociales relacionados con la explotación de recursos naturales, en comunidades indígenas e indicó que la Alta Comisionada urge a que se garanticen los derechos individuales y colectivos, en particular de los pueblos indígenas. La Alta Comisionada además exhorta a adoptar medidas precisas para revolver situaciones de alta conflictividad y abordar el tema de racismo de manera integral.